PULSO

Eduardo Meraz

Si realmente se aspira a una democracia verdadera, el poder ejecutivo debería ser el primero en auto aplicarse una reforma profunda, para eliminar las atribuciones metaconstitucionales del sistema presidencialista y que, en la administración actual, con los moditos del habitante de Palacio Nacional desfiguran la condición de República que tiene México.

Sin embargo, añorante de la añeja liturgia del presidencialismo, pide, clama y exige a los otros poderes se reformen y autorregulen, de tal manera que no se conviertan en obstáculos a sus deseos de ocupar un lugar sobresaliente en la historia de México.

Ser el primer mandatario, implica estar al servicio de los ciudadanos y velar por su bienestar, sin importar las características físicas, ideológicas, religiosas y políticas de los habitantes del país y no creer que su “palabra es la ley” y que los demás están obligados a rendirle tributo o pleitesía.

Su mandato deviene del voto mayoritario obtenido en las urnas en 2018, pero no fue total; y posteriormente los mexicanos decidieron quitarle la mayoría calificada en la Cámara de Diputados al partido gobernante en 2021.

Es decir, consideraron necesario para la vida democrática del país retirarle parte de la confianza otorgada tres años antes y que, en los sucesivo los cambios al marco jurídico ya no estuvieran sujetos de manera exclusiva a su voluntad o no se les cambiara ninguna coma a sus iniciativas, sino que se tomaran en cuenta los puntos de vista de los demás representantes de los ciudadanos.

Ante esta nueva realidad, la respuesta presidencial se ha centrado en denostar y difamar a todos aquellos que no comparten sus ideas ni sus moditos de gobernar, llegando incluso a violar las normas al dar a conocer información reservada por la ley sobre sus adversarios y a hacer aseveraciones sin sustento.

En otras palabras, ha hecho de la difamación un ariete para tratar de debilitar a quienes se oponen a sus políticas y acciones que, dicho sea de paso, en no pocas ocasiones han resultado peor a la enfermedad.

Los excesos del poder ejecutivo -no son de ahora, es cierto, sino provienen desde la época del partido de Estado o “dictadura perfecta”-, son parte de la herencia maldita del antiguo régimen, al cual el mandatario totalmente palacio virreinal desea aniquilar para acceder a una auténtica democracia, siempre y cuando no le quite el carácter imperial a sus tareas.

Así pues, es menester que el titular del ejecutivo lleve a cabo una reforma a fondo, a fin de impedir caprichos, ocurrencias y abusos en los cuales han incurrido e incurre quienes han ocupado esa posición.

Con ello, su contribución a una auténtica división y equilibrio de los Poderes de la Unión sería la verdadera revolución de las conciencias, al garantizar el ejercicio pleno de derechos y libertades de los ciudadanos, sin verse sometidos al voluntarismo, afecto o estado de ánimo del mandatario en turno.

De igual manera, se vuelve imperativo la supervisión estricta y sancionadora de cómo se ejercen los recursos públicos, el dinero de los contribuyentes, para evitar gastos inútiles, despilfarros o la manga ancha características prevalecientes hasta el momento.

Hablar de corrupción y malos manejos del pasado y en los otros poderes, carece de sentido si no se presentan las denuncias respectivas. Pero ocultar o minimizar las que se presentan en el gabinete cuatroteísta, es otra de la razonespor las cuales es imperativo atender también la exigencia social de reformar al poder ejecutivo.

¿La pretendida revolución de las conciencias llegará al punto de desafiar al presidencialismo mexicano o únicamente se enfocará en el legislativo y el judicial?

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Otro de los asuntos por los cuales el presidente totalmente Palacio Nacional habrá de sentirse único, es la vana-gloria de que sus Plan B electoral será el más impugnado de la historia.

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