PULSO

Eduardo Meraz

Las presiones económicas y políticas del norte, los reveses judiciales, las fisuras en el morenismo y entre corcholatas le han hecho perder la órbita de la buena gobernanza al presidente totalmente Palacio Nacional.

Aunque de dientes para afuera reconoce que el final se acerca ya, es obvio no lo esperará serenamente, sino con el estruendo del estertor de quien sabe que su tiempo se acaba sin lograr metas y sí, en cambio, lastimar a millones de mexicanos.

El fracaso más grande e importante de la administración del mandatario sin nombre y sin palabra es no haber logrado ya no digamos erradicar, sino disminuir la corrupción. Durante su mandato ésta alcanzó niveles exorbitantes y los supuestos ahorros fueron superados, por mucho, por los sobrecostos de sus grandes y poco viables obras.

El ya muy percudido pañuelo blanco quedó en el fondo del bolsillo del ejecutivo palaciego y, a cambio, se saca de la manga leyes exorbitantes para castigar a los impíos.

Más como coletazo agónico y como para demostrarle a sus huestes que aún tiene fuerza en la mano izquierda ha enviado al Congreso iniciativas que, por su contenido, desincentivan la inversión.

Me refiero a las reformas la Ley Minera y a los cambios a 23 leyes, mediante las cuales muestra el carácter gandallezco y propiciatorio de moches, característica inconfundible de la 4T, para permitir participar el capital privado en actividades, obras y servicios.

Si no se sujetan a los caprichos y condiciones impuestas por el habitante temporal -y cada vez más próximo de ser desalojado- del palacio virreinal, no sólo no habrá autorizaciones, sino ni siquiera indemnizaciones por servicios prestados.

El carácter discrecional y punitivo en ambas reformas legislativas explica, en buena medida, la intención de dejar inoperante al Instituto de Transparencia (INAI), a fin de evitar se hagan públicos negocios lisitos e ilícitos.

La determinación del gobierno de Estados Unidos, con la colaboración de Canadá para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas, obliga a las autoridades mexicanas a dejar la pachurredez y llevar a cabo acciones exorbitantes contra el crimen organizado, en particular los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Esto podría ocasionar serios conflictos de interés entre el morenismo y la delincuencia organizada, en momentos en que la unidad del partido guinda se ve debilitada por los pleitos ya no tan soterrados entre las corcholatas.

Y no es sólo la posibilidad de ver disminuidas prerrogativas financieras no oficiales, sino el no acompañamiento en los procesos electorales por venir lo que preocupa al presidente innombrable, pues pondría en riesgo la continuidad del proyecto y la posibilidad de ser juzgado y penalizado.

Experimentar el abandono paulatino pero constante de amigos y aliados no es fácil de digerir; tampoco darse cuenta de que nada es para siempre y el poder se acaba.

Sin fortaleza de espíritu, el tamaño de la penitencia por los pecados cometidos en este sexenio lleva a la desmesura en una proporción semejante. Tal vez eso explique los actos desorbitados en los cuales incurre a últimas fechas el mandatario que no debe ser nombrado.

He dicho.