Banca discrimina a personas adultas mayores

• Señalan que no pueden acceder a un crédito, un seguro o simplemente abrir una cuenta de ahorro.

Urge frenar, en el sistema financiero nacional, la discriminación por motivo de edad, y en este objetivo, la diputada del PVEM, Ciria Yamile Salomón Durán propuso que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sea la institución responsable de vigilar, promover, prevenir y corregir, toda práctica de exclusión que impide la seguridad económica de los adultos mayores.
En su propuesta sugiere un artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores, para incorporar a la CNBV, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), como institución encargada de vigilar que se cumpla el derecho a la inclusión financiera de este sector social, es decir, que tenga acceso a productos útiles y asequibles para satisfacer sus necesidades de transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros.
“Nosotros no sólo enfrentamos los problemas propios del deterioro de la salud, la falta de empleo o el rezago tecnológico, sino que, además, somos objeto de discriminación, provocada por la nula orientación que existe en materia de educación financiera. Esto significa que, si eres una mujer adulta mayor, indígena y habitante de una comunidad rural, prácticamente estás condenada a vivir fuera del sector financiero”, reprochó Salomón Durán.
La diputada solicitó que la iniciativa de ley, presentada ante el pleno legislativo, se trabaje con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para enriquecerla y terminar con toda práctica de discriminación, ya sea por razones de edad, origen étnico, género o condición física, entre otras.
La propuesta mientras tanto, impone a la CNBV cuatro obligaciones puntuales: supervisar que las entidades del sistema financiero brinden los servicios de forma universal, oportuna y efectiva a los adultos mayores; vigilar la instrumentación de acciones que protejan sus derechos financieros; inspeccionar, prevenir y corregir las prácticas de discriminación y; garantizar que las entidades aseguradoras y afianzadoras proporcionen la cobertura de sus servicios sin distinción alguna.