Comisión de Gobernación del Senado considera Improcedente desaparecer poderes en Campeche, Guanajuato y Guerrero
El Imperio de la Política
Por Darío Valadés Villegas
La Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, aprobó con 14 votos el proyecto de dictamen que contiene el acuerdo relativo a la improcedencia de las peticiones para desaparecer los poderes en los estados de Guerrero, Guanajuato y Campeche.
El acuerdo establece que “el Senado de la República, con absoluto apego al respeto del Pacto Federal y la salvaguarda de la autonomía de las entidades federativas en los asuntos inherentes a su vida interior, determina la improcedencia de las peticiones para declarar que se ha configurado la desaparición de poderes y que es llegado el caso de nombrar un titular del Poder Ejecutivo local provisional, a que se refiere la fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los estados de Guerrero, Guanajuato y Campeche”.
De este modo, el dictamen plantea que las peticiones de las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y de la senadora Cecilia Sánchez García del PRI, para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política, en materia de desaparición de poderes en Guerrero y Campeche son improcedentes.
El documento también considera improcedente la petición de la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, de Morena, la cual está encaminada a que el Senado conozca y determine que se ha configurado la desaparición de poderes en Guanajuato y que se realice la declaratoria de que debe nombrarse a un gobernador provisional.
La Comisión subrayó en el dictamen que si bien en las entidades federativas de Guerrero, Guanajuato y Campeche existen situaciones de violencia y deterioro de la seguridad pública, del orden social, principalmente a raíz de la presencia y actuación de grupos de la delincuencia organizada, del narcotráfico o de afectaciones de orden económico o ambiental, no se trata de cuestiones que acrediten cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 2 de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República.
Precisó que los supuestos jurídicos que configuran la desaparición de los poderes de un estado son:
El quebrantar los principios del régimen federal; abandonar el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; estar imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.
Así como el que prorroguen su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares; promuevan o adopten forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.
Por ello, destacó que, sin dejar de reconocer la presencia de situaciones de inseguridad en esas entidades federativas, se trata de hechos que no corresponden a las hipótesis específicas y limitadas para que el Senado acredite o constate que se configura la desaparición de los tres poderes constitucionales de esas entidades federativas.
Agregó que esas situaciones de inseguridad pública a la que aluden los solicitantes para que la Cámara de Senadores ejerza su facultad en materia de declaratoria de desaparición de poderes, no se subsumen en ninguno de los extremos constitucionales y legales excepcionales para sustentar la intervención del Senado en la vida interior de esos Estados.
La senadora Mónica Fernández Balboa expresó que las peticiones no contienen cuestiones que acrediten las hipótesis previstas en la ley, por ello se ha determinado que son improcedentes.
No hay referencia alguna que permita constatar de manera objetiva que los tres poderes tanto de Guerrero, Campeche y Guanajuato incidan en las hipótesis legales, por lo que existe imposibilidad jurídica para el que Senado de la República pueda determinar que se ha configurado la desaparición de dichos poderes, apuntó.
El senador César Cravioto Romero, de la bancada de Morena, calificó como absurdo el planteamiento de desaparecer los poderes en los tres Estados, por lo que subrayó que la Comisión de Gobernación actuó con cordura; “no se vale utilizar al Senado de la República para hacer planteamientos así”, denunció.
El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, explicó que la desaparición de poderes es una figura de un régimen autoritario, en la que los presidentes querían tener una herramienta para tener amenazados a los gobiernos estatales y tener una mayoría simple en sus manos, por lo que llevarlo a cabo sería caer en los excesos.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas destacó que se logró encauzar constitucionalmente un debate político para evitar una injerencia indebida de la Federación en la vida de los estados. En ese sentido, indicó que la desaparición de poderes no es un tema menor, sino un asunto crítico que debe analizarse sin sesgos partidistas.
Alfil Negro. – Reyna Monroy, candidata a Diputada Local de la coalición Fuerza y Corazón por Hidalgo en el Distrito XIV; presentó esta mañana “Sanar a Tula”, la primera de al menos cuatro propuestas que contempla en su proyecto legislativo.
“Convertid un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos para vuestros hijos” -Rabindranath Tagore.
La del ser humano con la naturaleza a menudo resulta en una dinámica depredadora por parte
“Sanar a Tula” representa un contundente posicionamiento y no una ocurrencia; al estar respaldada por el análisis y aportación de la sociedad civil, especialistas en el tema y la propia ciudadanía.
Reyna Monroy, puso énfasis en la indiferencia que autoridades y legisladores han tenido ante los problemas de salud de la población, derivados de la afectación ambiental y que atentan contra sus derechos humanos.
Por ello, “Sanar a Tula” representa una agenda urgente de 10 puntos para sanar el medio ambiente. Reconoció que ésta es una tarea que sólo la generación de nuevos políticos está dispuesta a tomar.
Dijo que “después del miedo y los estragos que dejó la inundación, los ciudadanos que defendían el río Tula, no tuvieron más opción que bajar las manos”. Es por ello que la primera acción es solicitar la suspensión inmediata de las obras de revestimiento del río Tula; ya que carecen de consenso y acciones que compensen el daño que están generando.
“Incluso cabría la posibilidad de contar con un parque lineal, pero que Tula se convierta en un canal de aguas negras, JAMÁS”, comentó.
En otro punto contempla la creación de “Ciudad Salud” en Doxey, que contará con un hospital para enfermedades respiratorias y otro oncológico, así como una escuela de medicina y enfermería; en el marco de un gran Centro de Investigación de las Ciencias Ambientales y de la Salud.
Resaltó que no por ello se dejará de exigir un hospital regional en Tula “que nos cumpla el presidente como se dijo, que el hospital del IMSS estaría disponible el 21 de marzo de 2023, vamos un año tarde y el hospital que no es el hospital regional de Tula sino de Doxey, sigue sin estar listo”.
Otras acciones son: la modernización de PEMEX y CFE, programas de reforestación, diagnósticos médicos para cada habitante de la región para prevenir muertes tempranas por cáncer, insuficiencia renal y enfermedades respiratorias causadas por la contaminación.
Además de plantas potabilizadoras, monitoreo de la calidad del aire, separación y aprovechamiento de la basura, transporte público sostenible y la transición de los parques industriales de la región a energías limpias.
Finalmente, y en una muestra de determinación por parte de la fórmula conformada por Reyna Monroy y Karina Islas, dieron a conocer que en próximos días presentarán ante las autoridades correspondientes los oficios que sienten las bases de la puesta en marcha de cada acción, comenzando con CONAGUA.
Reyna Monroy estuvo acompañada de miembros de la Sociedad Ecologista Hidalguense: Marco Antonio Moreno Gaytán, presidente; Javier Martínez López, secretario y Gerardo Castillo García, representante en la región Tula-Tepeji.
