Condiciones laborales de afanadores en riesgo por ajustes a Contratos Marco

Empleados de servicios de limpieza sufrirán afectaciones por los ajustes realizados a los Contratos Marco, los cuales fueron modificados de manera unilateral, al no reconocer el costo real de un servicio y no ser analizado a detalle por parte de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, así lo reveló la Asociación Nacional Bipartita de Empresas de Limpieza A.C. representada por su Vocal Secretario, Roberto Ortiz.

El Vocal Secretario mostró su preocupación por los más de 15 mil trabajadores, que laboran en las 15 empresas que integran la organización, ya que acusa que se hizo un mal cálculo unilateral al hacer estos ajustes, poniendo en riesgo directamente las condiciones laborales de los afanadores.

Además, reconoció que el presidente López Obrador ha sido impulsor de mejorar las condiciones para los trabajadores, incluso aumentando el salario mínimo, lo que contradice a lo realizado con los ajustes a los Contratos Marco, donde existe una disminución a los mismos, mientras que el salario mínimo ha ido incrementando.

El vocero explicó que uno de sus principales objetivos es mantener y garantizar los derechos laborales, seguridad social y niveles de vida dignos para sus empleados y acusó que la Secretaría de Hacienda, está poniendo en riesgo no nada más a la clase trabajadora, si no la calidad en la limpieza en hospitales, laboratorios y centros educativos.

Recordó que, durante los últimos cuatro años, ha habido tres ajustes al presupuesto otorgado y celebrado a través de Contratos Marco: el del 26 de junio de 2019 con una cifra de 7 mil 715.23 de pesos por operario de manera mensual; el de enero de 2021 que aumentó a 9 mil 910 pesos, y el de octubre de ese mismo año, que disminuyó a 8 mil 423 pesos con 50 centavos, mismo que se mantiene hasta la fecha y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. “Esta tarifa no alcanza para pagar a todos los trabajadores”, expresó.

“La política de no reconocer el costo real de un servicio y no ser analizado a detalle, un mal cálculo unilateral, hace que se ponga en riesgo las condiciones laborales de las personas ya que la tarifa que pretende pagar el gobierno hace que las empresas no puedan hacer frente a sostener trabajos dignos y con carga social, además de poner en riesgo no nada más a la clase trabajadora, si no la calidad en la limpieza en hospitales, laboratorios, centros educativos, entre otros”, sentenció.

Señaló también que el gobierno está generando las condiciones para promover malas prácticas por parte de otras empresas proveedoras de servicios, mismas que aseguran operar bajo estos presupuestos pero no otorgan prestaciones de ley a sus empleados e incluso, han sido señaladas por dar de alta a sus trabajadores en el IMSS en plazos de 15 días, para después darlos de baja.

Por lo anterior hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y a su titular, Rogelio Ramírez de la O, así como al titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcido Aquino, para que tome cartas en el asunto y vea por los intereses de los empleados que perderían sus puestos y prestaciones que corresponden.

Finalmente, recalcó que las empresas mantienen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que solicitan que el gobierno garantice y genere las condiciones para operar adecuadamente ya que de lo contrario, existiría una pérdida en la generación de empleos, así como en las condiciones óptimas para trabajar.