PULSO

Eduardo Meraz

Este lunes inicia una nueva etapa el Instituto Nacional Electoral y pese a los augurios en pro y en contra, en tanto la Corte no defina sobre el plan B propuesto por el presidente totalmente Palacio Nacional, aún podemos decir: la democracia sigue y el INE vive.

El relevo de cuatro consejeros, incluida la presidencia del Consejo General seguirá operando como hasta la fecha, con la salvedad de que será más difícil alcanzar acuerdos por unanimidad. Una vez concluida la designación, esperemos se atempere el tono rijoso de las últimas sesiones.

La expectativa de una nueva normalidad en los trabajos del instituto electoral debería sustentarse en el diálogo, a fin de demostrar por qué es uno de los organismos con más confianza entre la ciudadanía.

En la medida que los representantes de los partidos políticos representados en el INE se alejen de las visiones partidistas y muestren disposición y voluntad democrática, evitarán la sospecha de querer minar los fundamentos de su operación y, con ello, dar certidumbre a los procesos electorales.

Al ya no estar los consejeros objeto de la animadversión del oficialismo, es menester una operación normalizada de la autoridad electoral y que sus determinaciones obedezcan a lo delimitado por la ley.

Es difícil esperar un cambio sustancial en el comportamiento victimista de Morena y sus aliados, sobre todo por los comicios que se tendrán este año en Coahuila y el estado de México, aunque en los hechos han demostrado ser los principales y sistemáticos violadores de los ordenamientos legales.

Parece una tarea titánica, pues en la mira de Palacio Nacional se quiere tener un árbitro atado de manos y con pocos dientes para castigar las prácticas apartadas de la ley a las que es tan proclive el partido guinda. Acciones que desea se “socialicen” para, en caso de una derrota, tener pretextos suficientes para no entregar el poder.

El balón ahora está en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que serán ahora el blanco predilecto de su vecino palaciego, sobre todo porque está dolido por no haber logrado imponer al ministro presidente y porque casi todos los integrantes de la SCJN están convencidos de que la ley es la ley.

Por ello, no debe extrañar que, a partir de esta fecha, el presidente sin nombre y sin palabra descargue sus frustraciones sobre la Corte con declaraciones estridentistas. Tampoco debe sorprendernos invitaciones a un comportamiento más beligerante de parte de sus huestes, como ya se ha visto en semanas pasadas.

Esto sería casi un hecho, si luego del análisis, el pleno de la Corte dictamina que, en lo general, el Plan B es anticonstitucional; posibilidad que de acuerdo con lo expresado por analistas y expertos es poco viable.

Será hasta que se materialicen los ajustes parciales que seguramente aprobarán los ministros, en aras de aligerar estructuras y procedimientos en el Instituto Nacional Electoral, cuando sabremos si la profundidad y orientación de tales cambios nos permitirán asegurar si la democracia sigue y el INE vive.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

El caso de los migrantes muertos en Ciudad Juárez, deben conducir a una revisión profunda de si las empresas de seguridad particulares cumplen los requisitos, pues existen denuncias y revelaciones que no es así, como en el caso de MOSEG (Monitoreo y Seguridad Privada S.A. de C.V.), de la cual se menciona al actual presidente de Coparmex CDMX, como accionista, y a un exdirector del CISEN, comol director de Operaciones.

Actualmente, MOSEG opera sin tener el permiso federal otorgado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al no cumplir con la ley, al perder la única licencia de portación de armas con la que contaba.

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