Inversiones para aprovechar el Nearshoring están detenidas por la incertidumbre jurídica de la Reforma Judicial: Coparmex

• Preocupa al dirigente nacional del Sindicato patronal, José Medina Mora Icaza, que empresarios extranjeros detengan sus colocaciones de capital si nuestro país aprueba la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular; “el futuro de nuestro sistema de justicia está en juego”, dijo Armando Zúñiga Salinas

El presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, destacó la importancia de preservar un sistema judicial que garantice justicia expedita y segura, esencial para atraer y mantener la inversión extranjera, porque en este momento hay grandes oportunidades derivadas del proceso de relocalización (nearshoring), proyectos validados con financiamiento autorizado, que están detenidos por la incertidumbre jurídica ocasionada por la posible aprobación de una Reforma Judicial impulsada por el Poder Ejecutivo.

«Lo que nos han dicho es que si México entra en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular detendrán esas inversiones. Eso es lo que nos preocupa De por sí la inversión extranjera directa prácticamente es reinversión de utilidades, hay muy poca inversión fresca, el gran potencial es esa inversión fresca y tenemos que darle certidumbre jurídica para que llegue», destacó en la inauguración del primero de tres foros sobre la iniciativa de Reforma al Poder Judicial organizado por el centro empresarial de Coparmex Ciudad de México, en colaboración con la Barra Nacional de Abogados.

Medina Mora aseguró que guiados por expertos jurisconsultos buscarán “encontrar cómo mejoramos el Poder Judicial para que haya una mayor certidumbre jurídica para los ciudadanos, para las familias, para las empresas y para los inversionistas y con esto podamos tener un mejor desarrollo para el país”.

Con la participación de expertos y organizaciones de la sociedad civil, el foro busca recopilar propuestas para que el Poder Judicial sea mejor de lo que es ahora, pero sin comprometer su independencia e imparcialidad.

Próximamente, se realizarán foros en Guadalajara y Monterrey, con el objetivo de presentar una propuesta integral de reforma judicial a finales de agosto, asegurando un entorno más seguro y atractivo para la inversión en México, informó el dirigente empresarial.

Armando Zúñiga Salinas, ex presidente de Coparmex Ciudad de México, subrayó la importancia de analizar cuidadosamente cualquier reforma judicial, resaltando la necesidad de garantizar un sistema justo y equitativo. Entre los puntos más destacados, Zúñiga enfatizó la controversia en torno a la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular, una medida que, aunque busca mayor legitimidad, podría comprometer la independencia judicial.

En su intervención, Zúñiga destacó que la justicia es el pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, garantizando el respeto a los derechos y la aplicación equitativa de las leyes.

En el foro abordó la necesidad de incrementar la transparencia, fomentar la participación ciudadana y reforzar la carrera judicial basada en méritos. Se resaltó también la importancia de establecer mecanismos efectivos de supervisión y disciplina para asegurar un funcionamiento óptimo del Poder Judicial.

La intención, dijo, es recopilar ideas y propuestas para presentar una reforma integral que mejore el sistema judicial mexicano porque “el futuro de nuestro sistema de justicia está en juego y es responsabilidad de todos contribuir a su a su fortalecimiento”.

La Vicepresidenta de Estado de Derecho, Democracia y Seguridad de Coparmex Ciudad de México, Leticia Rodríguez Moctezuma, expresó que la elección de jueces, aunque busca incrementar su legitimidad en la impartición de justicia “representa riesgos significativos. Hemos visto cómo podrían llegar a una politización de la justicia. Incrementar la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de evaluación y promoción dentro de la carrera judicial puede aumentar la confianza pública sin comprometer la calidad y la independencia judicial”.