Un juez federal frenó de forma indefinida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de ordenar que su control vuelva a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCPC).
La suspensión definitiva fue otorgada al representante de la organización Uniendo Caminos México, Ángel Castro Gómez, por la jueza Noveno de Distrito con residencia en el estado de Guanajuato, Karla María Macías.
La organización argumentó que si la Guardia Nacional pasaba a Sedena aumentaría el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos.
De igual manera, expuso que su incorporación podría generar un efecto inhibidor y amedrentador de las libertades sociales, como lo es la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.
“Esta suspensión no causa prejuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues solo continuará bajo el mando civil, como establece la Constitución”, determinó la juez.
En caso de que la transferencia ya haya comenzado, los recursos también deberán restituirse a la Secretaría de Seguridad Pública conforme a lo establecidos en el Presupuesto de Egresos de 2022.
