PULSO

Eduardo Meraz

Las múltiples irregularidades detectadas por la Auditoria Superior de la Federación en la Cuenta Pública de 2021, por 64 mil millones de pesos, en forma alguna significa el abandono de los sobres amarillos con efectivo de parte del cuatroteísmo; simplemente revelan el avance o modernización del método trapichero de apropiarse del dinero de los contribuyentes.

El aprovechamiento poco profesional y eficiente de los recursos públicos de parte de los funcionarios 90 por ciento honestos y 10 por ciento capaces, hacen ver a la llamada estafa maestra como un juego de niños. Hoy, los maestros de la estafa, sin ser el año de Hidalgo, se despachan con la cuchara grande y parece improbable puedan justificar dicho monto faltante de justificación.

Prácticamente no hay dependencia ni gobierno a cargo de Morena que pueda ondear el pañuelo blanco de la honestidad, como hacia hasta hace unas semanas el presidente totalmente Palacio Nacional; debe estar tan percudido que prefiere mantenerlo en los bolsillos.

Seguridad Alimentaria Mexicana sigue a la cabeza de las instituciones donde los recursos públicos han sido ocupados para finalidades totalmente ajenas a su labor, ya sea para engrosar las carteras de sus funcionarios o por toneladas de alimentos echados a perder, por ineptitud, que también es corrupción.

La refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía se ubican también en los primeros lugares donde las irregularidades predominan. La adquisición de bienes y servicios a empresas fantasma o fachada es uno de los recursos preferidos por los funcionarios cuatroteístas.

En cambio, en la Secretaría del Bienestar, la responsable de la entrega de los programas sociales, la falta de padrones confiables y la entrega de apoyos a difuntos son los métodos más recurrentes, pues impiden conocer con precisión los beneficiarios finales de los mismos.

Pero no sólo se trata de la opacidad con la cual se manejan los impuestos que pagamos todos los mexicanos, sino también del manejo discrecional, caprichoso del presupuesto autorizado, pues se hacen transferencia entre programas sin contar con el aval de la Cámara de Diputados.

Eso ha propiciado la cancelación o desatención de programas encaminados a cubrir necesidades de salud, educativas y de servicios varios, para entregarlos ya sea para cubrir los sobrecostos de las obras insignia o para pagar deudas de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que rondan el billón de pesos en la actual administración.

En suma, la inoperancia e ineficiencia rampantes del gobierno transformador han representado y representan un altísimo precio y carga para los mexicanos, al destinar dinero extra para subsanar yerros y fallas, con lo cual la pobreza franciscana, en realidad, nos ha salido mucho más cara.

Pero eso sí, quieren abaratar, a machetazo limpio, los trabajos que realiza con calidad, eficiencia y pulcritud el Instituto Nacional Electoral, como la propia Auditoria Superior de la Federación reconoce, en el mencionado análisis de la Cuenta Pública.

Con algunas salvedades, la ASF determinó que el INE cumplió en términos generales con las disposiciones, legales y normativas en materia presupuestal durante la organización y ejecución de las elecciones federales intermedias del 2021, las más grandes en la historia de México, al auditar más de 3,800 millones de pesos.

La puntualización de la Auditoria cobra relevancia en momentos en los cuales el cuatroteísmo aprueba el llamado “Plan B” electoral que reduce las capacidades operativas, humanas y materiales del INE y cuando el Congreso aprobó por unanimidad la reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que las contrataciones deban apegarse a los principios de transparencia y máxima publicidad.

En otras palabras, a los mexicanos nos cuestan más las millonarias irregularidades cometidas por el “Cártel de los Cash-imiros”, que la operación plena del INE.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

A pesar de haber reconocido la existencia de inconstitucionalidades en los distintos ordenamientos que conforman el Plan B electoral, senadores de Morena otorgaron su voto a favor. Así las convicciones y el apego al Estado de derecho.

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@Edumermo