Pemex y UIF ceden con Lozoya; aceptan dialogo sobre acuerdo reparatorio

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) cedieron y dialogarán con los abogados de Emilio Lozoya Austin para llegar a un acuerdo reparatorio en los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

Por este motivo, el juez de control decidió diferir la audiencia intermedia para el próximo 18 de julio a las 12:30 horas, a fin de que ambas partes platiquen y lleguen a un acuerdo.

Al respecto, la defensa de Loyoza, Miguel Ontiveros, indicó que buscan que la reparación de daño se fije en 10 millones 736 mil dólares y que su madres, esposa y hermana se puedan beneficiar del mismo.

Previamente, reiteró que están dispuestos a resarcir el daño que se hizo al erario al adquirir la compañía a un sobreprecio durante su gestión en Pemex.

Se esperaba que la Fiscalía General de la República (FGR) intentará por quinta ocasión imputar a Lozoya por este caso, que asciende a poco más de 10 millones 700 mil dólares; la diligencia se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio norte de la Ciudad de México.

Luego de que en febrero de este año se reprogramara la audiencia debido a que la defensa argumentó necesitar más tiempo para analizar materiales que pudieran servir en su descargo y que fueron emitidos por el agente del Ministerio Público Federal.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado la propuesta de reparación de daños, calificándola como insuficiente.

Lozoya Austin compró la planta a Altos Hornos de México por un monto de 275 millones de dólares en 2013, a cambio de sobornos millonarios en los que involucró a toda su familia.

Además de la acusación por la compra de la planta chatarra, Lozoya Austin enfrenta cargos por el caso Odebrecht, por haber aceptado sobornos millonarios de la petrolera brasileña durante la campaña de Enrique Peña Nieto para la presidencia de la república en 2012.

Aunque se decretó la apertura del juicio oral, se mantiene suspendido debido a un recurso de inconformidad interpuesto por el Ministerio Público Federal, que aún no se resuelve y que impide llegar a cualquier acuerdo entre las partes involucradas.

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