Piden que instituciones policiales y periciales cuenten con autonomía para investigar delitos del fuero federal
La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política, en materia de independencia y autonomía de las instituciones policiales y periciales para la investigación de los delitos del fuero federal.
La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, establece que la investigación de los delitos corresponde a las policías, “las cuales gozarán de autonomía técnica para realizar esta función. Los servicios periciales se organizarán de acuerdo con la ley, garantizando su autonomía técnica”.
Añade que la Federación contará con una institución denominada Instituto Federal de Servicios Periciales, de carácter civil, adscrita a la secretaría de despacho encargada de la seguridad pública, la cual gozará de autonomía técnica y presupuestal, cuya finalidad será proporcionar los insumos técnicos necesarios para la investigación y acusación del proceso penal, en asuntos del fuero federal.
En su argumentación, la legisladora considera necesario reconocer que el monopolio del proceso penal en sus dos etapas (investigación y acusación) por parte del Ministerio Público, facilita la corrupción, incrementa la impunidad y no favorece los principios constitucionales sobre el derecho a la justicia.
En consecuencia, subraya, es necesario romper esa prerrogativa para que dos instancias realicen el proceso: la policía deberá dedicarse a la investigación y el Ministerio Público a la acusación ante los tribunales.
Precisa que, lamentablemente, la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 para crear un sistema de justicia penal más eficiente y justo, no modificó algo que es crucial para ese objetivo, ya que es necesario separar las etapas del procedimiento penal con el actual monopolio que detenta el Ministerio Público.
Puntualiza que hoy día en México está vigente un sistema de justicia penal contradictorio, porque dice estar comprometido con el respeto a los derechos de las personas que son sometidas a un proceso penal acusatorio basado en el principio de presunción de inocencia, pero en la práctica sigue manteniendo ciertas estructuras que permiten la existencia de factores de riesgo.
Subraya que, en múltiples investigaciones, todas a cargo del Ministerio Público, primero se arma el caso y luego se investiga, tal fenómeno tiene lugar cuando los peritajes son moldeados para que todo el proceso cuadre, tal como se describe en la cinta “Presunto culpable”.
