Senado impulsa agenda legislativa a favor de comunidad LGBTTTIQ+ y grupos vulnerables

Senadoras y senadores de la República impulsaron acciones legislativas para contribuir, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que tienen una orientación sexual, identidad de género o expresión de género diversa, así como de personas con discapacidad o que pertenecen a algún grupo vulnerable.

Entre los temas de mayor importancia de la agenda legislativa, que se desahogó de septiembre a diciembre de 2022, se encuentra el de garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, por tal motivo, en el Senado se aprobó prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).

La reforma adiciona un Capítulo IX denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas” al Código Penal Federal y un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud.

Con ello, se sancionará con dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila ha refrendado, en diversos espacios, compromisos con la agenda de la Comunidad LGBTTTIQ+.

También ha mencionado que para poder ampliar y profundizar el proceso de cambio en nuestro país, es necesario dar pasos decididos hacia una agenda progresista, que destierre la discriminación, la violencia y toda acción en contra de la comunidad LGBTIQ+.

Asimismo, el Pleno del Senado aprobó reformas para actualizar las sanciones por actos discriminatorios, con penas de uno a tres años de prisión a quien difunda ideas basadas en la superioridad u odios raciales.

Con las reformas, se aprobó añadir la discriminación por religión al Código Penal Federal y a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ya que ésta atenta contra la dignidad de las personas.

Además, se estableció una sanción de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

De acuerdo con la reforma, le corresponde al Estado promover las acciones para que la libertad e igualdad de las personas sean reales y efectivas, siendo una de ellas el evitar la discriminación, incluida la religiosa.

De igual forma, el Senado aprobó un proyecto para facultar a la Secretaría de Educación Pública a promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad de oportunidades y con la prohibición de la segregación en los centros educativos, planteles, guarderías y entre el personal docente administrativo del Sistema Educativo Nacional.

Para ello, establece que dicho sistema impulsará la inclusión de este segmento de la población en todos los niveles, con la aplicación de normas y reglamentos en las instituciones educativas.