Crea Salomón Jara la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica para combatir la corrupción
• El Gobernador del Estado firmó el decreto de creación del organismo fiscalizador con el mensaje claro que en su gobierno no habrá indiferencia ni complicidad
El Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz firmó el decreto de creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), cuyo objetivo fundamental es llevar a cabo la recopilación y procesamiento de información en materia de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Explicó que será un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Finanzas, lo cual representa un avance muy importante y un gran cambio cualitativo en la estrategia de lucha contra la corrupción.
En la conferencia semanal, Jara Cruz explicó que esta Unidad ayudará a crear un sistema de información fiscal y patrimonial; podrá requerir, generar y analizar información fiscal y patrimonial para la investigación de hechos posiblemente ilícitos; requerir y obtener información de diversos sujetos, entre los que destacan notarios y autoridades registrales y catastrales.
También creará una lista de personas sujetas a una investigación de hechos posiblemente ilícitos y coadyuvará con las autoridades competentes, alertará a las autoridades de la administración pública estatal sobre movimientos fiscales y patrimoniales relevantes.
Además, podrá celebrar convenios de colaboración con instancias federales y denunciar o querellarse ante el ministerio público, “queremos enviar un mensaje muy claro: en nuestro gobierno no habrá ni indiferencia ni complicidad”, recalcó.
Con estas acciones el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña cumple con el Nuevo Pacto Social para la convivencia pacífica y segura, la profundización democrática, la lucha contra la corrupción, la solución de conflictos, el respeto y promoción de la cultura de los pueblos y comunidades desde una perspectiva intercultural.
Esta Unidad permite luchar contra la desigualdad, sembrar la paz, combatir la corrupción y vigilar el buen uso de los recursos destinados a impulsar el bienestar de las familias oaxaqueñas y las obras que se requieren para el desarrollo del estado.
