PULSO

Eduardo Meraz

Conforme se acerca el inicio del proceso electoral, la delincuencia tiene mayor presencia en la vida cotidiana de los mexicanos y la violación a los derechos humanos de parte de las fuerzas de seguridad -de la milicia o no- aumenta, como resultado de la descomposición en los niveles de gobierno.

La violencia se volvió cotidianeidad y en las altas esferas del poder están más preocupados en dar a conocer el playlist palaciego. Sin embargo, el hartazgo por esta situación empieza a aflorar, como acaba de ocurrir en Chilpancingo, Guerrero, donde la ley y el orden brillan por su ausencia.

Una vez más, la terca realidad desmiente los otros datos y la palabrería hueca del habitante temporal de Palacio Nacional. Los asesinatos de lideres sociales, autoridades y periodistas en semanas recientes van en aumento; los ataques del crimen organizado con drones, carros-bomba, incendios y otras prácticas hablan de una escalada en la violencia criminal.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un reporte refiere que la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las autoridades en contra de la ciudadanía persisten en nuestro país, pues de enero a abril se registraron 81 casos.

Hechos de los cuales se niegan a hablar en el palacete virreinal, porque contradicen las afirmaciones presidenciales de que en México no hay masacres y el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, donde se garantiza la libertad de expresión y no se persigue ni reprime a nadie.

Sin embargo, las propias estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta de que mayo y junio han sido de los meses más violentos en el año; los crímenes en los estados de Guerrero, México y Michoacán de días recientes son indicativo de la inutilidad de la estrategia seguida por el mandatario sin nombre y sin palabra.

Más aún: la política de “abrazos y no balazo” ha ido acompañada de una disminución de recursos públicos para combatir el crimen organizado. Los aumentos presupuestales para construir cuarteles y dotar de armamento a las fuerzas del orden, han tenido poco impacto en la disminución de homicidios dolosos, extorsión y otros.

Sin embargo, algunos gobiernos estatales y municipales han decidido seguir el ejemplo del ejecutivo federal, en eso de reunirse y tener encuentros cercanos del tercer tipo con líderes de la delincuencia organizada, como acaba de darse a conocer con la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández.

El estado de México también vive momento complicados en materia de seguridad y violencia. Más allá de la lucha de poder entre organizaciones criminales, registrados recientemente, parecería una advertencia tanto al gobierno saliente como al que en fecha próxima asumirá el poder, lo cual sería muestra de descomposición y debilidad de las autoridades.

Las condiciones de violencia, ya sea por parte de grupos delincuenciales como de autoridades, se presentan en dos terceras partes de las entidades de la República, aunque de acuerdo con otros estudios, el crimen organizado tiene presencia en 81 por ciento del territorio nacional.

La casi total ausencia de las fuerzas del orden para salvaguardar vida y bienes de los mexicanos, como resultado de los abrazos y balazos, es síntoma de la degradación de las autoridades que buscan con palabrería suplir su responsabilidad de salvaguardar la vida y en sus bienes a los ciudadanos.

Expresiones de revuelta, como la registrada este lunes en la capital del estado de Guerrero, corren el riesgo de volverse caótico, así como pretexto para dirimir diferencias político-electorales.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Luego del “montaje” de la primera unidad del Tren Maya, festinado por el presidente innombrable, emitió un decreto para expropiar 1,660 hectáreas para obras ferroviarias y el aeropuerto de Tulum. En menos de 15 días, se han expropiado en Quintana Roo más de 2,770 hectáreas y destruido decenas de miles de árboles.

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