El oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, iniciativa que preocupa a víctimas de excesos castrenses, así como por las recientes filtraciones de información militar.
Tras horas de debates, la reforma constitucional fue aprobada a la medianoche del miércoles por 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones. Fue impulsada por el partido Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus aliados y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en esta ocasión se distanció el bloque opositor.
Esta modificación constitucional, ya avalada por el Senado, se produjo en pleno escándalo por la enorme filtración de información militar clasificada perpetrada por el grupo de piratas informáticos Guacamaya, que sacude a varios países de América Latina.
En México, donde el volumen de filtraciones es de los más altos, ha detonado una avalancha de denuncias periodísticas que desvelan la influencia de los militares en la actual administración.
En el debate, el diputado Salvador Caro, del opositor Movimiento Ciudadano, cuestionó la oportunidad de ampliar la influencia de las Fuerzas Armadas cuando ha sido infiltrada y, según la información develada, algunos de sus elementos estarían presuntamente ligados con criminales.
“¿Cómo vamos a darle más poder a los militares si está ahí, en los documentos del hackeo, que tienen vínculos algunos de ellos con el crimen, que han protegido a violadores de derechos humanos?”, dijo.
Los diputados llamaron a comparecer al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, para que explique el escándalo Guacamaya, pero el funcionario rechazó acudir al Legislativo y sólo concedió recibir a los parlamentarios en su oficina el próximo martes.
La reforma constitucional consolida el protagonismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado a las fuerzas armadas, confiándoles la seguridad pública pero también labores como la construcción de multimillonarias obras de infraestructura.
Esta alianza cívico-militar preocupa a defensores de víctimas como Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, cuya desaparición forzada en septiembre de 2014 constituye uno de los crímenes más atroces de la historia mexicana reciente.
El Ejército “está dejando sentir su poder, ante el cual la autoridad civil está sucumbiendo, y máxime el presidente hoy en día que tiene acuerdos estratégicos con las fuerzas armadas“, declaró a la AFP.
Presión castrense
Rosales alude al revés que supuso la cancelación, el mes pasado, de la mayoría de órdenes de aprehensión que una fiscalía especial que investiga el caso había obtenido en agosto contra 20 oficiales y soldados presuntamente involucrados en el crimen.
La medida, que redujo a cinco el número de militares requeridos por la justicia, fue avalada por López Obrador y desencadenó la renuncia del fiscal especial Omar Gómez.
Rosales lamentó que el mandatario planteara que las capturas buscaban desprestigiar al Ejército y provocar “una rebelión” en sus filas.
El abogado señala que la postura de López Obrador, quien mantiene la resolución del caso como uno de sus 100 compromisos de gobierno, evidencia que su pacto con las fuerzas armadas para la seguridad y realización de obras se ha impuesto sobre la causa de los estudiantes.
López Obrador asume ahora una defensa cerrada de la institución, según analistas, que implica limpiarla de acusaciones sobre su participación en Ayotzinapa, o minimizar las filtraciones de información que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió a manos de Guacamaya.
