La Fiscalía de Colombia formalizó el jueves las acusaciones contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, marcando el comienzo de la fase de juicio por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El proceso penal surge a raíz de denuncias presentadas el año pasado por su exesposa Day Vásquez, quien también está bajo investigación. La exesposa afirmó que habría recibido dinero destinado a la campaña presidencial de su padre, pero que su hijo se habría apropiado de esos recursos.

En el marco del sistema legal colombiano, la etapa de juicio comienza con la presentación de la acusación escrita y se desarrolla hasta la sentencia. Las audiencias preparatorias para el juicio han sido programadas para los días 29 y 30 de abril. Se alega que Nicolás Petro recibió alrededor de 101 mil dólares (unos 395 millones de pesos colombianos / 1.7 millones de pesos mexicanos) entre junio y diciembre de 2022 de Samuel Santander Lopesierra, conocido como «Hombre Marlboro», quien estuvo encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico.

Durante la audiencia, el fiscal afirmó que Nicolás Petro «estaba incrementando su patrimonio económico de manera no justificada» como diputado del departamento del Atlántico y estaba adquiriendo y ocultando bienes con un origen ilícito. Además de Santander Lopesierra, se señala a al hijo de Gustavo Petro por recibir dinero en efectivo de Alfonso del Cristo Hilsaca, un empresario del norte del país, y del político Máximo Jose Noriega Rodríguez, así como de empresarios de Cúcuta y Villavicencio.

La Fiscalía determinó que aproximadamente 266 mil dólares (unos mil 40 millones de pesos colombianos / 4.38 millones de pesos mexicanos) gastados por Nicolás Petro no provienen de su actividad como diputado. Peritos fiscales establecieron que el hijo del presidente no declaró el ingreso de esos recursos a su patrimonio.

La acusación sostiene que Nicolás Petro adquirió propiedades a nombre de su exesposa y familiares para ocultarlas. Su expareja ha colaborado con la justicia y se acogió a un principio de oportunidad, obteniendo, según la Fiscalía, «inmunidad total» por dos años. Aunque inicialmente Nicolpas se ofreció a colaborar con la justicia y mencionó la entrada de fondos irregulares a la campaña presidencial, posteriormente se retractó y rechazó la cooperación judicial.

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